La transición energética está provocando una tormenta perfecta en los costes de la energía. Los derechos de emisión de CO2 han duplicado su precio hasta superar los 50 euros por tonelada y han generado un encarecimiento de la electricidad y el gas natural en toda Europa que supone un riesgo para la recuperación.
Los precios de futuros para 2022 se sitúan un 50% por encima de los registrados en esta época para 2021, lo que supone un problema para un buen número de empresas que tienen que cerrar presupuestos y que temen ahora firmar contratos de suministro para el próximo ejercicio.
Según explica Kepa Solaun, fundador de Factor, especialista en el comercio de derechos de emisión, lo que está sucediendo «es una combinación de factores, pero lo más importante es el aumento de ambición europea en cambio climático, junto con un contexto de enorme liquidez y tipos bajos, que hace que muchos inversores vean el derecho de emisión como un activo interesante a largo plazo».
Esta fuerte subida de los derechos de CO2 se ha trasladado a los precios de la luz que están alcanzando niveles récord en junio y que pueden llevarnos al verano con la energía más cara de la historia.
Las cotizaciones de los futuros eléctricos siguen marcando en Meff Power unas cotas muy elevadas para esta época del año, por encima de los 90 euros/MWh. Esto supone una subida de alrededor de 20 euros en los últimos dos meses, aunque han comenzado a relajarse tras el anuncio de que el Gobierno se está planteando tomar medidas.
Los precios del gas natural, por su parte, han seguido la misma línea y se han incrementado un 50% para el resto del año y un 20% para el siguiente, según recoge Javier Revuelta, senior principal de Afry.
Tormenta perfecta
Europa ha vivido un trimestre anormalmente frío que ha provocado una mayor demanda de gas. Al mismo tiempo, se ha incrementado la generación con ciclos combinados gracias al desplazamiento del carbón provocado por los precios del CO2, lo que se ha trasladado con rapidez a los mercados eléctricos que siguen dependiendo de forma notable de las cotizaciones del gas y, hasta cierto punto, del petróleo, que ha llegado también a los 73 dólares por barril y encarecido también notablemente el precio de los carburantes en los postes de las estaciones de servicio.
En los últimos 15 días, la tendencia de las cotizaciones del gas en los hubs europeos ha ido al alza por el incremento registrado en el asiático JKM que ha vuelto a los 30 euros/MWh y que puede provocar arbitrajes de precios, como ya pasó en enero con Filomena.
En cuanto a la oferta, los flujos noruegos han sufrido disminuciones importantes mientras que los rusos se mantuvieron estables, así como los argelinos en el caso español. La escasez de suministro proporcionó otro soporte alcista adicional y ha evitado que la decreciente demanda por la llegada del verano relaje los precios.
El gas es uno de los principales costes de producción para cientos de industrias papeleras, siderúrgicas, cerámicas, químicas, refino que compiten en mercados globales.
Según explica Verónica Riviere, presidenta de GasIndustrial, «los competidores europeos disfrutan de precios finales mucho más baratos, lo que genera una enorme desventaja competitiva que en estos últimos meses se ha incrementado al dispararse aún más el precio. La distancia entre precios en España y en los países europeos se ha ensanchado con esta subida feroz del precio del gas. Y a este incremento de los costes energéticos por encima de los competidores directos de Francia, Alemania o Italia, hay que sumarle lo que supondrá la contemplada contribución al Fondo de sostenibilidad, una aportación forzosa que llega en un momento en el que aún es impensable tener la opción de remplazar este gas por uno alternativo en condiciones de eficiencia y competitividad. Un panorama que conduce a la industria hacia una mayor pérdida de competitividad, aumentando la brecha y el diferencial con su competencia».
Por ese motivo, la asociación no duda al pedirle al Gobierno que sea consciente de «la necesidad de acompañar a la industria en la descarbonización con una transición industrial que potencie la competitividad no que la penalice. En el momento actual de transformación industrial hay que evitar medidas que afecten a la competitividad».
En una situación similar se encuentran los grandes consumidores de electricidad. Según explica Fernando Soto, director general de AEGE, «cualquier subida como las que, desgraciadamente, se están produciendo los últimos meses por la repercusión del alza del gas y la especulación del CO2, es todo un golpe a nuestra competitividad. Si esto lo unimos al incremento estructural de precio eléctrico frente a la competencia de Alemania y Francia -donde el consumidor industrial tiene de salida una ventaja de más de 20 euros/MWh con respecto a España-, la foto es una desventaja estructural para los españoles que se debe al diferencial de costes regulados, tasas, impuestos y compensaciones frente a los de estos países competidores. Es cierto que el precio del CO2 está repercutiendo en toda Europa, pero aquí esa escalada se ve agravada por el impuesto a la producción, un 7%, que se traslada directamente al precio del mercado, y por una insuficiente compensación del CO2 indirecto para la industria».
Por ese motivo, el representante de estos grandes consumidores tiene claro el camino. «En esta gran borrasca aparece algún claro. El pasado miércoles la vicepresidenta cuarta anunció en el Congreso medidas que relajarán el impacto del elevado precio eléctrico que sufrimos los consumidores: actuación sobre medidas fiscales, como las adoptadas en 2018, en clara alusión al impuesto a la producción y, para la industria, un incremento de 100 millones en la compensación del CO2 indirecto. Es un paso en la buena dirección y una muestra de la sensibilidad del Gobierno hacia la industria electrointensiva. Animamos al Ejecutivo a seguir esa línea de actuación emulando las medidas que ya disfrutan nuestros principales competidores, para mejorar nuestra competitividad en coste del suministro eléctrico».
El impacto de estas fuertes subidas también llega a las pequeñas y medianas empresas. En opinión de la Asociación de Consumidores Eléctricos, una organización que representa a más de 25.000 pymes, su director, Francisco Espinosa, explicó que «afortunadamente, a lo largo del año pasado, la mayoría de nuestras empresas asociadas realizaron coberturas de precio para este año en el entorno entre los 40 y los 45 euros. Las posibilidades de cerrar un precio fijo para 2021 fueron bien aprovechadas en su momento. Nuestra mayor preocupación se centra en los precios que vemos para 2022 superiores a los 60 euros. La alternativa son los largos plazos, donde si que hay oportunidades de mejora de costes, pero esta modalidad choca con la incertidumbre de la recuperación económica y la estabilidad de nuestros propios consumos en el futuro a medio plazo».
Ante este escenario, Espinosa pidió al Ejecutivo «que no toquen el mercado. Cualquier intervención en el funcionamiento del mercado OMIE sería contraproducente, y alteraría un sistema competitivo y marginalista que cada vez será más necesario en el futuro inmediato. Creemos que hay que incidir sobre los beneficios reales de cada uno de los productores, no sobre las tecnologías. El Gobierno debe de analizar con mucho detalle los beneficios de las empresas titulares de centrales de producción y actuar sobre su incremento, independientemente de la tecnología. En definitiva, mas vigilancia de los beneficios y menos intervención en los mercados».
Fuente: El Economista
