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Las aerolíneas se revuelven contra la nueva tasa aérea

El plan del Gobierno para aplicar un nuevo impuesto a la aviación a partir del 2022 ha soliviantado a las compañías aéreas que operan en España. La propuesta está incluida en los documentos remitidos a Bruselas para preparar la llegada de los fondos de reconstrucción, y tiene por objetivo compensar las emisiones contaminantes del sector a través de una subida de tasas. Una medida que ya se había llevado a consulta pública a principios del año pasado pero que quedó aparcada con la irrupción de la pandemia.

Ahora el Gobierno la recupera, pero su coincidencia con la mayor crisis de la historia en la industria aérea ha levantado fuertes críticas de las compañías. “Un posible impuesto a la aviación comercial tendrá un efecto marginal en reducción de emisiones y devastador para el turismo, el empleo y la conectividad en un momento en que la industria lucha por su supervivencia”, afirma Javier Gándara, presidente de ALA, la asociación que agrupa a la mayoría de aerolíneas que vuelan en España.

La ministra Teresa Ribera subraya que “las ayudas europeas no son un fondo para las grandes empresas”

Gándara cuestiona el impacto de la medida. En caso de que se concretase mediante una tasa al combustible, una de las posibilidades, solo se aplicaría “sobre los vuelos domésticos, ya que los internacionales se rigen por convenios multilaterales”. Estos vuelos internos representan en España “poco más del 10% del total de emisiones y muchos de ellos son esenciales, porque dan conectividad” entre la Península y Baleares y Canarias.

“Más que detraer recursos de la industria vía impuestos hay que invertir hacia una aviación más sostenible con alternativas al querosenos como electricidad o el hidrógeno, escalar la producción de biocombustibles y desarrollar las infraestructuras para que la aviación emita menos”, insiste. La Comisión Europea prepara también acciones en este sentido y planea obligar a las aerolíneas que vuelan en la UE a utilizar un porcentaje mínimo de biocombustibles para reducir la contaminación. Según las asociación de líneas aéreas, medidas estructurales como la implantación del cielo único europeo podrían ahorrar “seis veces más emisiones en la aviación comercial que si se prohibiesen todos los vuelos domésticos dentro de nuestro país”.

En todo caso, desde el Gobierno insisten en que la concreción del nuevo gravamen aún no está decidida como su fecha de entrada en vigor, aparte de que sería más allá del 2022. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sostuvo ayer que “la decisión se tomará a partir del año que viene porque también existe el debate en Europa”.

Ribera resaltó que de los 70.000 millones que se movilizarán entre el 2021 y el 2023, un 40,29% de las inversiones serán para contribuir al cambio climático. Su Ministerio gestionará de forma directa 15.339 millones, casi un 22% del plan. Además, subrayó que habrá mucha colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La vicepresidenta cuarta quiso mandar dos mensajes claros. El primero es que “las ayudas europeas no son un fondo para las grandes empresas, sino para beneficiar a todos”. Y el segundo es que no todas las propuestas se cubrirán. Por ejemplo, para el hidrógeno verde se han presentado manifestaciones de interés por 10.000 millones y los fondos europeos recogen 1.555 millones para esta nueva tecnología.

Fuente: La Vanguardia